El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil rechazó este miércoles las declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) sobre el intento de politizar las decisiones judiciales.

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“El Gobierno brasileño rechaza firmemente cualquier intento de politizar las decisiones judiciales y enfatiza la importancia de respetar el principio republicano de independencia de poderes, consagrado en la Constitución Federal brasileña de 1988”, precisó la Cancillería brasileña.

Asimismo, el Gobierno Federal reaccionó a las declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos y, a través de un comunicado, destacó que las decisiones tomadas por el Supremo Tribunal Federal que involucran plataformas de redes sociales tienen como objetivo respetar los estándares brasileños, incluida la exigencia de que todas las empresas que operan en el país deben tener representantes legales establecidos en el territorio.

El Departamento de Estado calificó de incompatible con “los valores democráticos”, la decisión del ministro del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, quien anunció pertinente bloquear la red social Rumble.

“La declaración del Departamento de Estado distorsiona el sentido de las decisiones del Supremo Tribunal Federal, cuyos efectos pretenden garantizar la aplicación, en el territorio nacional, de la legislación brasileña pertinente, incluida la exigencia de que todas las empresas que operan en Brasil tengan representantes legales”, aseveró el Ministerio.

Asimismo, al declarar que la libertad de expresión, derecho fundamental consagrado en el ordenamiento jurídico brasileño, debe ejercerse en Brasil de conformidad con los demás preceptos legales vigentes, especialmente los de carácter penal, el ente asegura que “el Estado brasileño y sus instituciones republicanas fueron blanco de una orquestación antidemocrática basada en la desinformación masiva, difundida en las redes sociales”.

Los hechos que rodean el intento de golpe de Estado contra la soberanía popular, tras las elecciones presidenciales de 2022, son objeto de acción en curso en el Poder Judicial brasileño, precisó la Cancillería.

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